Defensores y críticos: la realidad desde diferentes aristas

Las soluciones de política pública pueden traer efectos no deseados, como actitudes no esperadas por parte de la población que es beneficiada (llamada, población objetivo) o resultados que no son bien recibidos por algunos miembros de la sociedad. En el tercer capítulo del Administrador Público, los profesores David Arellano y Gabriel Rojas analizan las paradojas que llegan a presentarse en la implementación de algunas soluciones de política pública, a través de sus instrumentos; para ello, emplean el trabajo de Deborah Stone –Policy Paradoxes– y toman como ejemplo práctico la hoy extinta política social de México “Prospera”, que antes se llamó Progresa y Oportunidades.

En México, la erradicación de la pobreza en la década de los años noventa inició con una política de transferencias condicionadas (entregar una cantidad de dinero a cambio de que los receptores hicieran determinadas actividades educativas, de salud y alimentarias), dirigidas a la población que presentaba el mayor rezago económico, es decir, la más pobre. De acuerdo con algunas evaluaciones de esta política, con el paso de los años hubo resultados positivos y negativos: entre los primeros se citan la disminución de la brecha educativa entre hombres y mujeres, y la reducción de la mortalidad materna; entre los segundos, el desarrollo de redes clientelares con fines electorales, un incremento del gasto en burocracia, una mayor carga de trabajo para las madres, etc.

El valor central, que no el objetivo, de Progresa-Oportunidades-Prospera era el de la equidad: lograr la reducción de brechas entre hombres y mujeres que vivían en extrema pobreza.

Un tema importante en la discusión de políticas públicas es el de los valores o criterios que se privilegian en su articulación y su discurso. En el caso de la política social mexicana, la equidad fue su espíritu; no obstante, los detractores de sus resultados señalaron que la eficiencia en el uso de los recursos escasos debía ser lo que dirigiera los esfuerzos por erradicar la pobreza extrema. Es decir, hacer más con menos; en lugar de buscar la equidad que resulta mucho más cara económicamente hablando.

En suma, los instrumentos de política son motivo de discusión en la arena política, donde participa la ciudadanía, desde diferentes trincheras, con distintas perspectivas de la situación problemática: ¿qué es lo más conveniente? ¿por qué debería ser más importante la equidad, que la eficiencia, y viceversa? ¿quiénes se benefician con la decisión final? En este punto, mencionan los profesores Arellano y Rojas, los administradores públicos que gestionan la política deben defender su producto, esto es, la solución de política que han construido para conseguir el objetivo final: erradicar la pobreza extrema. La defensa se ha de cimentar en evidencia sólida (datos e información), símbolos e intereses.

No obstante, a pesar de que una política y sus instrumentos cuenten con un discurso aparentemente fuerte, a prueba de cualquier crítica (¿quién no querría mejorar la calidad de vida de la gente menos favorecida?), surgen. Oportunidades fue criticada por no llegar a las personas que realmente lo necesitaban; es decir, había errores en la focalización de la política. Un señalamiento de este tipo puede menguar la fortaleza de una política pública, porque puede sugerir que no está cumpliendo con su objetivo central, y, por ende, que los recursos están siendo mal empleados.

De acuerdo con Stone, cuando un instrumento de políticas enfrenta algunas contradicciones, las soluciones a éstas se desprenden de la discusión en la arena política, donde también nacen los cuestionamientos. Los defensores y críticos de las políticas usan evidencia para apoyar sus argumentos (en el mejor de los escenarios), sin embargo, los datos y la información no lo pueden todo; mucho depende de la argumentación de los actores políticos, así como del tiempo en el que actúan (tiempos electorales, crisis económicas, algún escándalo político).

En conclusión, en este capítulo Arellano y Rojas nos recuerdan que el debate público tiene un peso considerable cuando las acciones gubernamentales están bajo escrutinio. Las cifras y su acomodo en un discurso pueden enmarcar la discusión, pero no dan el sustento total que permita inclinar la balanza hacia algún lado. Como bien nos señalan los profesores, Wildavsky, Lindblom y ahora Stone subrayan la importancia de considerar en la ecuación los diversos argumentos que pueden ser esgrimidos desde cualquier trinchera de intereses, cuando de atacar o defender una política pública se trata.